Los desórdenes por el uso de drogas son trastornos de salud multifactoriales. Como tales, sólo pueden ser abordados de manera efectiva mediante tratamientos contra las drogas, servicios de salud y protección social que se ofrecen en el contexto del sistema sanitario como se hace con cualquier otro trastorno de salud.
Los tratamientos voluntarios basados en la evidencia son eficaces para reducir el consumo de drogas, la delincuencia y la reincidencia, y han demostrado ser más rentables en función de los costos que la carencia de tratamientos o la prisión.
Además, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y las personas que consumen drogas, incluyendo aquellas con desórdenes por su uso, no pierden su derecho a la atención sanitaria, aún cuando estén en contacto con el sistema de justicia penal, ya sea que estén, o no, en algún centro penitenciario.
De hecho, el tratamiento y la atención se recomiendan como alternativa al encarcelamiento o el castigo en casos pertinentes de carácter menor.